En su informe «Corrupción y derechos humanos», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone que en estos casos de colusión “la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios”.
Por Ramón Gracida Gómez
Acapulco, Guerrero, 3 de enero (ElSur).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el caso Ayotzinapa permite observar a “qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado”.
En su informe Corrupción y derechos humanos que publicó en su página de Internet el 31 de diciembre expone que en estos casos de colusión “la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios”.
El documento se divide en capítulos que describen desde una perspectiva general y en particular de los Estados el fenómeno de la corrupción y las obligaciones que tienen las autoridades para enfrentar este problema.
En el apartado «El fenómeno de la corrupción y los derechos humanos», la CIDH explica el “rol protagónico” que tiene el crimen organizado en el fenómeno de la corrupción en el continente.
Señala que estos grupos delincuenciales capturan “instituciones y las ponen al servicio de sus intereses ilícitos”.
La CIDH menciona el caso Ayotzinapa sólo en el párrafo cien para ejemplificar que “se han registrado otras formas de relación con el aparato estatal cuando a través de funcionarios corruptos, han establecido formas de asociación criminal con organizaciones delincuenciales. Al configurarse formas tan complejas de relación entre el aparato estatal y el crimen organizado, la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios”.
Continúa: “el seguimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, le permite observar a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado con gravísimas consecuencias en materia de derechos humanos para las personas individuales, sus familias y la sociedad en su conjunto”.
Respecto a otras referencias relacionadas a México, la CIDH destaca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que incluye como primer eje el combate a la corrupción y que sirvió como base para diseñar el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
El organismo internacional también “toma nota” del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción y lo considera una “buena práctica en la materia”.
Con este documento, la CIDH “se propone dar cuenta del impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente”.
El informe se basa en foros y audiencias públicas organizadas por el organismo internacional con el fin expreso de elaborar este reporte, además de solicitudes de información a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
